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Es cuestión de deberes y derechos: los moteros también deben poner de su parte para hacer que su movilidad sea más segura y no se convierta en tema de orden y salud pública
En Colombia circulan poco más de 17 millones de automotores, de los cuales 10 son motocicletas. Y este año lo más probable es que se vendan casi un millón de motos nuevas, convirtiéndose Colombia en el décimo país del mundo en donde más de estos vehículos se venden, solo superado por similares en el continente asiático. Pero detrás de ese milagro en la movilidad, hay datos espeluznantes: en cada ocho de 10 accidentes de tránsito está comprometida una motocicleta y en 95% de los actos delictivos, sicariato y atracos, siempre hay una moto comprometida. Es más, sus tenedores, conductores o propietarios son quienes más cometen infracciones contra el Código Nacional de Tránsito y entre quienes se identifica una alta falsificación del Soat.
Nadie duda de que una moto garantiza movilidad mucho más eficiente que el transporte masivo, que el costo beneficio de este tipo de vehículos es menos que un carro y que es una herramienta de trabajo en un país capturado por los trancones viales. Pero no es admisible que sus usuarios quieran arrinconar al Gobierno Nacional, a la Policía y a las autoridades de tránsito local y regional con paros y amenazas que infartan las ciudades; eso es una actitud temeraria, sin sentido e irracional, pues aún gozan de beneficios que los hace casi intocables.
Por ejemplo: no hay razón para que no paguen peajes cuando circulan por las vías nacionales; no pagan un sobrecosto vial por contaminación, inseguridad, conducción temeraria o alta velocidad, cultura que se ha tomado las calles y carreteras.
El Código Nacional de Tránsito se debe actualizar a la realidad nacional, son mucho más de 10 millones de motociclistas que intentan imponer su anarquía, incluso hay una gran cantidad de “empresarios o inversionistas” que compran docenas de unidades de motos a menos de US$1.000 (unos $5 millones) y las ponen a trabajar en ciudades en donde el mototaxismo es una epidemia que viene borrando el transporte formal urbano como los taxis, los buses e incluso las aplicaciones de movilidad. Los casos de Cartagena, Montería, Sincelejo, Neiva o Popayán, son elocuentes en peligro y anarquía, sin que el Estado tenga una solución a una problemática que ya es de salud y orden público. No solo son los usuarios los responsables del uso que le dan al automotor, son las empresas que venden sin escrúpulos motos a dos manos; no les importa si el consumidor de su producto tiene licencia, hace buen uso de él o si la misma calidad le garantiza la vida.
El grueso de las motocicletas que se venden en Colombia son prohibidas en varios países de la Ocde, club de las buenas prácticas que es como un caucho, unas veces sirve para comparar al país con los de mejor calidad de vida y desarrollo alto, y otras no, como el caso de la calidad de los frenos de las motos de bajo costo que deambulan por las calles y las carreteras colombianas. En lugar de caer en el juego de las protestas de los motociclistas para que les garanticen normas especiales o únicas en medio de su anarquía, los gremios económicos comprometidos en la venta y ensamblaje, más el Ministerio de Transporte, los consumidores y el Congreso deberían articular una gran misión cívico-económica que dicte una hoja de ruta para evitar que una solución a la movilidad se degenere en un asunto de orden y salud pública que deja miles de muertos.
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