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El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que es el competente en materia de Prisiones, tiene prevista la inauguración inminente -“a mediados de junio”, según las fuentes consultadas- de la primera unidad maternal en las cárceles vascas, gestionadas desde 2021 por la comunidad autónoma. Antes de la transferencia, las reclusas que solicitaban convivir con sus hijos -una posibilidad hasta los tres años- podían ser trasladadas a otros centros del Ministerio del Interior y ahora ha habido que acondicionar unas instalaciones en Martutene para construir cinco habitaciones aunque, por el momento, se estima que solamente una o dos serán ocupadas a corto plazo. En las obras han participado los propios presos, incluidos tres de ETA dentro de sus programas de reinserción.

Euskadi mantendrá unas 25 viviendas para funcionarios de Prisiones en Basauri y una residencia en Martutene

“En el momento en que se produjo el traspaso a la comunidad autónoma de Euskadi de la competencia en la materia no existía ninguna unidad de madres. En la actualidad se está finalizando el acondicionamiento de un espacio polivalente equipado para funcionar como unidad de madres si fuera necesario [...] dentro del centro penitenciario de Gipuzkoa, que dispondría de cinco habitaciones acondicionadas en tal sentido”, explica la consejera del ramo, Beatriz Artolazabal, en una documentación enviada al Parlamento Vasco a instancias del representante de PP+Cs Luis Gordillo.

Son tres los penales operativos en Euskadi y cinco los edificios objeto de transferencia de una u otra manera. Las cárceles son las de Basauri en Bizkaia -sin módulo de mujeres-, la de Zaballa a las afueras de Vitoria -con 72 celdas disponibles para las presas- y la de Martutene en Gipuzkoa -15 celdas-. Además, se cedió la vieja prisión de Nanclares de la Oca, un complejo en el que también había viviendas de funcionarios, y se ha de entregar desde el Gobierno central el nuevo complejo de Zubieta una vez finalizada una obra que acumula importantes retrasos, lo que supondrá su permuta por Martutene. El Ejecutivo vasco concede que la reforma en el actual presidio guipuzcoano es una “solución transitoria” y que tocará “habilitar” un espacio similar cuando se produzca la mudanza.

La nueva instalación se destinará igualmente a “comunicaciones convivenciales”, esto es, será el lugar donde los menores con familiares encarcelados hagan las visitas. Estas fuentes indican que se estudió crear esta unidad de madres y visitas en Zaballa, la cárcel más grande y moderna de las tres. Sin embargo, se entendió que la zona adecuada para ello estaba muy en el interior del complejo, lo que obligaba a que los pequeños tuvieran que adentrase mucho en un edificio no muy amable. En Martutene se ha logrado un espacio con un acceso “lo más independiente posible” y con salida a un “patio con columpios”. En la vista que se hizo en mayo, Artolazabal se dejó fotografiar junto a un oso de peluche gigante.

Se da la circunstancia de que una veintena de internos han colaborado en el proceso de acondicionamiento, entre ellos tres condenados por su pertenencia a ETA después de años en que este colectivo boicoteaba el trabajo penitenciario. Tras el cambio de gestión se creó la agencia Aukerak para favorecer estos procesos.

Preguntado el Gobierno vasco si contempla ampliar los espacios para mujeres en las cárceles o estas unidades de madres, explica Artolazabal que “la dotación actual se corresponde a la demanda existente”. “En todo caso, la planificación de las infraestructuras penitenciarias tendrá en cuenta esta variable junto al resto de necesidades de equipamientos que puedan darse en el futuro”, indica la consejera en su respuesta a PP+Cs.

Por otro lado, este jueves se ha reproducido la polémica entre sindicatos que se vive en las Prisiones vascas y que se explica en parte por el choque de legitimidades entre los dos bloques de centrales que se han conformado. ACAIP, organización vinculada a UGT, ganó las elecciones en los centros vascos cuando estaban gestionados por el Estado pero la transferencia ha situado como foro de negociación la mesa general de la Administración autonómica, con ELA como referencia. Esta central, con menos nivel de afiliación en Prisiones que en otras áreas, ha participado en una concentración en Zaballa con CCOO o CSIF, entre otros, en la que insistido en cuestionar los acuerdos entre el Gobierno y ACAIP-UGT, a la que consideran “minoritaria” pero que el Ejecutivo no trata como tal.

“El Gobierno continúa con su política de parcheo permanente mediante acuerdos parciales con la minoría sindical, sin dar una solución a los problemas reales”, entienden desde ELA, que ha expuesto cinco reivindicaciones. Entre ellas, la siguiente: “Todas las personas que realizan las mismas tareas han de tener las mismas condiciones de trabajo”. Esto surge porque, con fecha de 24 de febrero, alrededor de una sesentena de funcionarios del Estado llegaron en un concurso de traslados y se unieron a la plantilla transferida desde el 1 de octubre. Y, en su caso, no cuentan con unos “días especiales de descanso” que se crearon en su momento en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra por la amenaza de ETA, que asesinó o secuestró a personal penitenciario.

Fuentes de ACAIP-UGT plantean que toda la situación actual es de transitoriedad porque está acordado un margen de dos años para determinar la estructura (RPT) y las condiciones para todo el personal, los transferidos y los que se vayan incorporando. Hay que encajar a personal con un convenio de 37,5 horas semanales con las 35 horas de la Administración autonómica, por ejemplo, lo que obliga a replantear todos los turnos y calendarios. Hasta entonces, defienden que “todos los que han venido ganan más de lo que cobraban antes” y que no tienen esas libranzas “especiales” dado que no las tenían en sus destinos anteriores.

ACAIP-UGT y ELA -y aquí también CCOO- chocan igualmente por una bolsa de sustituciones que se ha creado para cubrir bajas, cuando ambas centrales piden que lo que urge es una OPE con plazas fijas. “En Zaballa estimamos que hacen falta 90 trabajadores. En Martutene, sólo en oficinas, hay 16 bajas. En Basauri tenemos un problema de jubilaciones y, entre verano y otoño, perdemos una docena de compañeros. Hay una sangría de personal. Claro que queremos una OPE pero, hasta que llegue, hay que posibilitar los instrumentos para prestar el servicio”, contestan desde la central asociada a UGT, que critica que ELA fuerce la situación cuando “por ideología luego nunca firma nada en la Administración” -como ha ocurrido en Educación en fechas recientes- y CCOO cuestione una bolsa en Euskadi cuando la ha validado para las Prisiones del Estado.

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